Pregunta Generadora #2 (24 de julio - 11 de agosto, 2017)

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SistematizadorCRES
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Re: Pregunta Generadora #2 (24 de julio - 11 de agosto, 2017)

Mensaje por SistematizadorCRES » 01 Ago 2017 15:59

Buenas tardes,

Saludos a todos.
Como aporte para el estudio comparado que propuso Abel, anexaré a continuación el artículo: ¿Sólo eficiencia? Educación superior e investigación. Este artículo redactado por la abogada y doctora en historia chilena Marianne González Le Saux reflexiona y problematiza el tema del financiamiento de la educación superior en Chile.

Más del 80% de la investigación realizada en Chile se ejecuta bajo el alero de las universidades. En estos días en que se discute el presupuesto para educación superior así como el de investigación, ciencia y tecnología, desde la Comisión Desafíos del Conocimiento de Revolución Democrática creemos necesario reflexionar sobre cómo se articulan estos aspectos, ya que la relación entre ambos se suele desdibujar al discutirse separadamente su financiamiento.
Patricio Basso trató esta relación de manera clara y propositiva en una columna en El Mostrador. En ella llama a desacoplar el financiamiento de la docencia del de investigación, pues deben evitarse la existencia de “subsidios cruzados” entre ambas actividades. Asimismo, propone separar el financiamiento estatal para la investigación dividiendo a las universidades en tres tipos: grandes universidades “de investigación” con financiamiento basal, universidades con áreas específicas de investigación con financiamiento a mediano plazo, y financiamiento concursable para investigadores individuales en el resto de las instituciones. Esta propuesta nos merece las siguientes observaciones.
La razón por la cual Basso busca realizar la distinción entre docencia e investigación es muy atendible: se trata de evitar que las familias de los estudiantes sean quienes financien la investigación. En efecto, como lo ha mostrado el mismo Basso, en Chile el aporte de las familias al financiamiento de la educación superior en comparación con el aporte estatal es elevadísimo (las familias contribuyen en Chile a financiar la educación superior en un 54,8%, versus un 45,8% en EE.UU., y un 21,7% el promedio de la OECD).
Sin embargo, la existencia de estos “subsidios cruzados” entre investigación y docencia parecen ser inevitables: el mismo Basso lo reconoce cuando afirma que los investigadores también debieran realizar docencia; que “parte del equipamiento e infraestructura que se requiere para la investigación […] sirve para la docencia”, y en consecuencia, que las instituciones que reciban fondos para la investigación debieran rebajar sus aranceles por concepto de docencia. Estos “subsidios cruzados” –que Basso parece leer en términos puramente económicos— traducen una realidad más profunda: muestran que la relación entre docencia universitaria e investigación es más que la de dos actividades que ocurren, de manera casual, en un mismo edificio. Por el contrario, es precisamente la existencia de una intensa conexión entre estos dos ámbitos lo que otorga calidad a una universidad.
Por ejemplo, hoy en día la “mejor calidad” de una universidad como la PUC o la Universidad de Chile no está dada por la excelente formación en docencia y pedagogía universitaria que reciben sus profesores, la cual es todavía casi inexistente en nuestro país. La calidad ocurre a pesar de las escasas herramientas pedagógicas de sus académicos, y está dada porque muchos de ellos también son investigadores, y pueden transmitir a sus estudiantes conocimiento especializado, acceso a publicaciones, materiales, laboratorios, y redes académicas que solamente se producen por el hecho de realizar investigación. Los “subsidios cruzados” entre educación e investigación no son “un problema”: son un aspecto crucial del quehacer universitario. Ahora bien, ¿quiere decir esto que la buena investigación garantiza la buena calidad de la docencia universitaria? Claramente no, pero la favorece. Y en cualquier caso, concordamos en esto con Basso: no debieran ser las familias de los estudiantes quienes se hagan cargo de dichos costos.
El sistema de financiamiento “tripartito” propuesto por Basso es problemático en la medida en que, si bien aboga por fondos basales, en su aplicación implicaría replicar la lógica de “el ganador gana todo” que ha sido la base, hasta hoy en día, de todo el sistema de financiamiento de la investigación en Chile.
Otro de los puntos planteados por Basso hace hincapié en la esencia de la Universidad: de acuerdo a Basso, no todas las instituciones de educación superior debieran ser “universidades de investigación,” definidas de acuerdo a la Carnegie Foundation como aquellas que entregan formación de nivel doctoral y poseen los más elevados índices en investigación. Para Basso “pretender […] que todas las universidades realicen investigación es no sólo absurdo sino que financieramente infactible”, y “si se aplicara [a Chile] la proporción de universidades de investigación de los Estados Unidos significaría tener solo 11 universidades de investigación”.
La premisa que subyace al argumento de Basso es sin embargo que el sistema de educación superior chileno debiera homologarse y aspirar a replicar la clasificación y los estándares del sistema de educación superior de EE.UU. Esto es igual de absurdo, pues la estructura de la educación superior en Chile es profundamente distinta a la de Estados Unidos. Sin embargo, Basso, de manera automática asume que ese es el modelo que debemos adoptar. Una cosa es la experiencia comparada, siempre enriquecedora, y otra muy distinta es el imperialismo de los estándares internacionales.
La cuestión de si en Chile debemos o no definir universidad como una institución donde se realiza investigación o bien si pueden existir universidades meramente docentes, es algo que debemos resolver en nuestros propios términos, y de acuerdo a nuestras propias necesidades. Si bien, como lo afirma Basso, no todas las universidades debieran ser “universidades de investigación”, esto es, donde la investigación es una actividad predominante, es difícil pensar en “universidades sin investigación”, esto es, desprovistas de una orientación a generar nuevos conocimientos y a evaluar críticamente la realidad que las rodea, pues esto es lo que va a garantizar un aspecto central de la famosa “calidad” de la educación superior. Lo mismo, por cierto, puede decirse de los CFT e IP: si bien en éstos no debiera exigirse la realización de investigación, al menos se debiera requerir como un aspecto central la innovación. En efecto, la formación técnica y profesional debe ir encaminada no solo a replicar conocimientos existentes, sino a desarrollar en sus egresados la capacidad de aplicarlos de manera novedosa y creativa.
El último y más sustantivo aspecto de la columna de Basso es su propuesta de dividir el financiamiento estatal para la investigación en las universidades en tres niveles: A) un fondo basal permanente para las “universidades de investigación”, es decir, para aquellas que ya realizan investigación a gran nivel de forma sistemática B) un fondo de financiamiento por convenio a cinco años para investigación en áreas específicas para universidades “con importante producción previa demostrable” en dichas áreas, y C) un fondo de financiamiento concursable para investigadores individuales estilo Fondecyt, que podría llegar a todas las universidades. Esta clasificación y por ende estos fondos serían independientes del carácter estatal o privado de la universidad. Además, se crearía un fondo para el mejoramiento de la docencia en universidades estatales, especialmente aquellas que no alcancen la categoría “A” o “B”.
Esta propuesta es inteligente y perfectamente razonable si lo único que se persigue es mejorar la “eficiencia” de los fondos destinados a investigación, pues busca precisamente concentrar fondos de investigación basales o de mediano plazo en universidades que ya tienen la capacidad demostrada de llevarla a cabo. El problema es que meramente contribuiría a reforzar las desigualdades regionales y socioeconómicas del sistema de educación superior: se haría más fuertes a las universidades que ya lo son, y más marginales a las que hoy en día no cuentan con los recursos para iniciar o fortalecer programas incipientes de investigación. Más aún, si bien es atendible que se considere un fondo específico para mejorar la docencia en universidades estatales, ¿qué hay entonces de intentar fomentar la investigación en universidades estatales, especialmente las de regiones?
Esta propuesta, por tanto, solamente tendería a cimentar un sistema de educación superior segregado, y en el que nuevamente, el financiamiento público se otorga sin distinción a instituciones privadas y públicas. Esto no contribuye a resolver el problema que el mismo Basso se ha encargado de denunciar con tanta fuerza: la preeminencia del modelo neoliberal de mercado en la educación superior.
En conclusión: el sistema de financiamiento “tripartito” propuesto por Basso es problemático en la medida en que, si bien aboga por fondos basales, en su aplicación implicaría replicar la lógica de “el ganador gana todo” que ha sido la base, hasta hoy en día, de todo el sistema de financiamiento de la investigación en Chile. Puede, por cierto, premiarse a las instituciones que han “hecho las cosas bien” pues malgastar el potencial que han alcanzado sería ridículo. Asimismo, las universidades privadas que no cumplan con estándares mínimos en investigación debieran convertirse en CFT o IP o bien considerarse su cierre. Finalmente, el Estado debe establecer mecanismos para mejorar la investigación en las universidades estatales que hoy en día demuestran falencias en la materia. No se trata de convertirlas en el MIT, pero sí de que estas cuenten con una suficiente masa crítica de investigadores que permitan dotarlas de lo que entendemos por “calidad” universitaria: la posibilidad de criticar el medio en el que se vive y buscar modificarlo mediante la generación de nuevos conocimientos: nada más y nada menos que el alma de la investigación.
Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/opin ... stigacion/

arodriguez
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Re: Pregunta Generadora #2 (24 de julio - 11 de agosto, 2017)

Mensaje por arodriguez » 01 Ago 2017 16:30

En esta oportunidad le doy la bienvenida a este foro virtual, a Luis Torres Nuñez y a Luciano Valdez, los felicitos por sus reflexiones, ambas han contribuido al debate de la pregunta generadora #2, y de forma especial la presentada por Luis Torres, asimismo, a Miguel Angel Morffe Peraza, por su dedicación y esfuerzo en realizar un estudio comparativo sucinto, sobre el sistema de financiamiento de la educación superior en ALC.

Con el objeto de seguir profundizando los aspectos o arista presente en la pregunta generadora #2, determinemos si en el sistema de financiamiento de la educación superior en ALC se consideraron los 8 objetivos de desarrollo como términos de calidad, entre estos: Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre, Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal, Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil, Objetivo 5: Mejorar la salud materna, Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. En este caso abordemos de igual forma tres países de ALC.

Asimismo, sería interesante si disponemos de tiempo, determinar si en el sistema de financiamiento de la educación superior en ALC, se consideraron los 17 objetivos de desarrollo sostenible como términos de calidad. De igual forma, hagámoslo para tres países de ALC.

Saludos.

Continuamos en el debate.
Abel Rodríguez
UNESUR
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Andrés Aguiar
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Re: Pregunta Generadora #2 (24 de julio - 11 de agosto, 2017)

Mensaje por Andrés Aguiar » 01 Ago 2017 21:36

Buenas noches estimados colega, pido disculpa por la tardanza en participar en el foro, motivado a que estuve problema con el equipo, gracias a Dios ya logré recuperar. en cunato a la pregunta voy a realizar mi primera intervención
El sistema de financiamiento de la educación superior en América Latina y el Caribe ha estado centrado en garantizar la gratuidad de los estudios por parte de los gobiernos de la región, solo Chile recientemente ha iniciado el sistema de financiamiento público para la educación superior. Sin embargo los nuevos escenarios que observan a nivel de la región sobre la situación social y económica, no son nada alentadoras, esto obligará sin dudas a los gobiernos a redimensionar el financiamiento público del sistema educativo, lo que implica aumentos de aranceles, restricción de los servicios de comedor, transporte, tecnologías, biblioteca, deportes y recreación entre otros.
Por otra parte se evidencia en la región la actitud de algunos gobernantes de promover políticas dirigidas al aumento de matrícula de estudiantes en educación superior, con el fin proyectar una imagen positiva a los organismos responsable de cuantificar estadísticamente estos programas, pero lamentablemente desatienden la calidad de la educación que debería ser el objetivo prioritario de los gobiernos.
De modo, que cuando nos referimos a la equidad social, interpretamos el derecho de los ciudadanos a tener y gozar de todos los beneficios sociales que los gobiernos deben promover y garantizar, sin discriminaciones de clases sociales, es decir debe existir la inclusión de la ciudadanía en todos los programas educativos, cuyo acceso garantizará una mejor calidad de vida en la población y la posibilidad de participar activamente en el proceso de desarrollo de la región. Entre los programas sociales está el deber que tienen los gobiernos de la región de Latinoamérica y del Caribe de promover la participación y motivación de los jóvenes a ingresar y permanecer en el proceso educativo en todos los niveles, ya que solo así se puede lograr un avance significativo en la transformación social dentro un marco amplio, en el cual participe la comunidad del aprendizaje y la sociedad.
En este contexto es importante hacer referencia a la “Declaración Mundial sobre Educación para todos”, aprobada por los Ministros de Educación de todos los Estados miembros de la UNESCO en Jomtien, Tailandia, en 1990, sobre la base de la anterior Declaración, estableció que la educación “es un derecho para todas las personas, hombres y mujeres, de todas las edades, a través de todo el mundo”.
Sin embargo es trascendental aclarar que, no todo es responsabilidad de los centros de educación superior, es necesario incorporar a todos los sectores de la sociedad, con especial atención al sector político y gubernamental, desde las distintas instancias para propiciar políticas públicas dirigidas a sincerar y fortalecer las asignaciones presupuestaria a los centros de educación superior, para que estas puedan ampliar y mejorar los programas de matrículas estudiantiles, becas, bibliotecas, tecnologías y comedor entre otros. En función de motivar a los jóvenes a ingresar y permanecer en el sistema educativo, que les garantice su formación académica y que posteriormente se incorporen a las actividades productivas de modo que puedan contribuir con el desarrollo sostenible de la región.
Finalmente la igualdad social requiere del compromiso de todos los actores sociales, fundamentalmente el de las autoridades de planificar las políticas públicas del ámbito académico de educación superior, quienes tienen la responsabilidad intrínsecamente de proveer y garantizar el financiamiento de la educación de los ciudadanos. Con el propósito de contribuir a impulsar los cambios en la sociedad relacionados con la exclusión de las personas en los programas sociales, la intolerancia, pobreza y deserción escolar

En cuanto a la calidad de la educación superior, haré mas tarde mi aporte al respecto.
Saludos

cesar.nunez
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Re: Pregunta Generadora #2 (24 de julio - 11 de agosto, 2017)

Mensaje por cesar.nunez » 02 Ago 2017 18:06

Buen día para todos, quiero ser bien critico en este sentido, al establecer que las universidades no han participan abiertamente en el desarrollo de las políticas globales de sostenibilidad y mucho menos y de manera propositiva en el alcance de las metas de cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en nuestros países y regiones; Igualmente buscamos establecer mecanismos de financiamiento, como si el tema del desarrollo sostenible fuera otro apartado más en el desarrollo de las funciones propias (docencia, investigación y extensión) de la universidad.
Las universidades plantean siempre el “deberse” a la sociedad en la búsqueda de su desarrollo, pero nos cuesta asumir esta responsabilidad escudándonos muchas veces en la llamada autonomía universitaria.
Así que la pregunta a mi parecer debería ser inversa: ¿La educación superior en América Latina y el Caribe es capaz de integrarse a las políticas gubernamentales y empresariales que permita gestionar recursos para asumir los retos del desarrollo sostenible?
No podemos seguir asumiendo la excusa de falta de recursos, debemos es integrar el modelo de sostenibilidad como modelo de gestión universitaria

Un cordial saludo

Andrés Aguiar
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Re: Pregunta Generadora #2 (24 de julio - 11 de agosto, 2017)

Mensaje por Andrés Aguiar » 04 Ago 2017 13:23

En cuanto a lo expresado por los colegas participantes del foro, sobre si el sistema de educación superior de América Latina y el Caribe, ha incorporado los 8 objetivos del desarrollo sostenible, la respuesta concluyente es no, tal como lo señalamos en el foro de la primera pregunta donde coincidimos que lamentablemente los gobiernos no creen en el reto, ni en la responsabilidad que tienen sobre el tipo de desarrollo que se debe propiciar en la región.
En este contexto es importante señalar la responsabilidad que deben asumir los gobernantes en propiciar políticas públicas y normativas que exijan a los centros de educación superior, trabajar en ideas, propuestas y teorías innovadoras dirigidas a impulsar la transformación curricular con el propósito de incluir unidades y materiales didácticos específicos en los programas de formación e investigación relacionados con el desarrollo sostenible. De manera de transferir a los estudiantes competencias y actitudes elementales para que puedan participar activamente en el cambio social y afrontar el desafío que impone llevar a cabo los objetivos señalados para alcanzar el desarrollo sostenible en la región. Donde se establezca especial atención a la problemática ambiental, social, económica y cultural, con el fin de avanzar en la búsqueda de minimizar los conflictos sociales de la región, tal como lo recogen los objetivos del desarrollo sostenible.
En este orden de ideas, es preciso mencionar la Declaración de la UNESCO Referida al decenio de la Educación para el Desarrollo sostenible 2005- 2014, la cual plantea la necesidad de integrar el desarrollo sostenible en el sistema educativo en todos los niveles y sectores de la sociedad. En lo que concierne a Venezuela la Comisión Nacional para el Proyecto de Diseño de la Universidad sustentable (2013) define la universidad sustentable como “un nuevo paradigma en la formación y gestión universitaria, donde el adecuado uso de los recursos naturales son el eje en la concepción de nuevos profesionales. Siendo ejemplo para la concienciación de la sociedad venezolana” (p.13).
Todo esto nos lleva definitivamente a reflexionar sobre el papel que representan los centros de educación superior para contribuir responsable y socialmente en la construcción de conocimientos, principios y valores para lograr el desarrollo sostenible.

Andrés Aguiar
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Re: Pregunta Generadora #2 (24 de julio - 11 de agosto, 2017)

Mensaje por Andrés Aguiar » 06 Ago 2017 18:25

Buenas tardes apreciados colegas. En cuanto a la interrogante del colega Quiroga, sobre el marco del desarrollo de la equidad ¿A partir de cuál criterio definiría el perfeccionamiento social? En relación con este aspecto mi criterio es, que se debe avanzar hacia una transformación integral de la educación superior, en la cual se incorporen Políticas y estrategias por parte de las autoridades que tienen la responsabilidad de promover e impulsar una verdadera transformación de la educación superior, donde se incluyan temas de interés social, de modo de impulsar el desarrollo sostenible de la región. Por lo tanto, es importante señalar que esta transformación debe ir acompañada de la ampliación y profundización de los derechos y responsabilidades que corresponden a todos los miembros de la sociedad. Independientemente de la condición social, género y creencias, donde la equidad sea el eje principal que permita lograr el bien común de los ciudadanos. Esto implica concederles el derecho a participar en el proceso gradual en el sistema educativo y su permanencia que les permita alcanzar la formación que los convierta en seres humamos críticos, reflexivos y actores sociales competentes para iniciar el proceso de transformación social en la región.
En este contexto es importante hacer referencia a la “Declaración Mundial sobre Educación para todos”, aprobada por los Ministros de Educación de todos los Estados miembros de la UNESCO en Jomtien, Tailandia, en 1990, sobre la base de la anterior Declaración, estableció que la educación “es un derecho para todas las personas, hombres y mujeres, de todas las edades, a través de todo el mundo”.
De allí, la importancia de la educación como medio promotor de desarrollo. Por consiguiente lo ideal sería ir a la construcción de una universidad ajustada para el siglo XXI, capaz de transformar la realidad social en la que ha estado inmersa por años. En este contexto la igualdad social comienza por exigirles a los gobernantes cumplir con la responsabilidad que tienen de promover, diseñar y desarrollar políticas publicas encaminadas a garantizar los derechos humanos universales, en todos los ámbitos establecidos por las normativas legales y acuerdos que rigen para esta materia.
Por otra parte considero que se debe promover en la región Latinoamericana y del Caribe, la universidad del siglo XXI, que responda a las exigencias en materia educativa, que sea más humanas, democrática, transformadora, integradora, innovadora y con una visión amplia de cuáles son sus responsabilidades sociales para contribuir con el cambo social a través de formación de un talento humano capacitado, educado, responsable y sensible para abordar la problemática social del su entorno, esto conlleva a la inclusión de todos los actores sociales, respetando los principios de igualdad y equidad, es decir que todos se sientan parte importante para participar en la solución situaciones susceptibles de mejorar , propiciar e implementar buenas prácticas para un modelo de desarrollo sostenible, que garantice la sostenibilidad social, con la participación, el respecto y la igualdad de toda la ciudadanía.

SistematizadorCRES
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Re: Pregunta Generadora #2 (24 de julio - 11 de agosto, 2017)

Mensaje por SistematizadorCRES » 08 Ago 2017 13:42

Buenas tardes,

Un cordial saludo al colega Andrés Aguiar. En efecto, se hace indispensable para lograr el desarrollo sustentable, el pensar en una nueva Universidad adaptada a las exigencias del entorno.

En esta oportunidad, para contribuir a la reflexión colectiva compartiré con ustedes una ponencia de la Vicerrectora académica de la Universidad Politécnica de Honduras titulada: “El rol de las Instituciones de Educación Superior (IES) y su contribución a la promoción de la paz y el logro del desarrollo humano sustentable ante los desafíos del siglo XXI”

"...Un punto que nos tiene hoy acá es la búsqueda de la sustentabilidad basada en principios y valores. Los principios y valores como mencionaron: la integridad, la ética moral, para la sustentabilidad, de manera que los seres humanos alcancen un nuevo estadio de conciencia, autonomía, control sobre sus modos de vida, haciéndose responsable de sus actos, a sí mismo, hacia los demás, hacia la sociedad; que sepan realmente deliberar entre lo que es lo justo y lo que es lo bueno..."

Para leer el artículo completo ingresar aquí: http://embajadamundialdeactivistasporla ... cion-de-la

Mi abrazo y respeto para ustedes,

arodriguez
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Re: Pregunta Generadora #2 (24 de julio - 11 de agosto, 2017)

Mensaje por arodriguez » 08 Ago 2017 20:15

Saludos para todos, en esta ocasión le doy la bienvenida a Luis Bonilla a este foro virtual, excelente su aporte, en esta misma condición, los aportes de Miguel Angel Morffe Peraza, Andrés Aguiar, y Cesar Nuñez.

En correspondencia a profundizar los aspectos o arista presente en la pregunta generadora #2, haremos un estudio comparativo sucinto sobre los sistemas de financiamiento de la educación superior de tres países de la región: Argentina, Ecuador y Venezuela, para ello, abordaremos los términos de financiamiento presente en la ley de educación superior de cada país seleccionado. Determinaremos si los objetivos de desarrollo y desarrollo sostenible están presentes en cada ley, la comparación la desarrollaremos a partir de los objetivos referidos y las leyes de los países seleccionado entre sí.

Argentina.
Términos de Financiamiento.

La Ley de educación superior 24.521, en su sección 3 del Capítulo IV De las Instituciones Universitarias Nacionales, en su subtitulo “Sostenimiento y Régimen Económico-financiero”, en sus articulados 58 al 61 establecen las regulaciones en materia de derechos y obligaciones económica-financiera del Estado Nacional y las Instituciones universitarias.
En su artículo 58 de la referida ley expresa. “Corresponde al Estado nacional asegurar el aporte financiero para el sostenimiento de las instituciones universitarias nacionales, que garantice su normal funcionamiento, desarrollo y cumplimiento de sus fines. Para la distribución de ese aporte entre las mismas se tendrán especialmente en cuenta indicadores de eficiencia y equidad. En ningún caso podrá disminuirse el aporte del Tesoro nacional como contrapartida de la generación de recursos complementarios por parte de las instituciones universitarias nacionales”.

Esta misma ley en su artículo 59 establece, “Las instituciones universitarias nacionales tienen autarquía económico-financiera, la que ejercerán dentro del régimen de la ley 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional. En ese marco corresponde a dichas instituciones:

a) Administrar su patrimonio y aprobar su presupuesto. Los recursos no utilizados al cierre de cada ejercicio, se transferirán automáticamente al siguiente;
b) Fijar su régimen salarial y de administración de personal;
c) Podrán dictar normas relativas a la generación de recursos adicionales a los aportes del Tesoro nacional, mediante la venta de bienes, productos, derechos o servicios, subsidios, contribuciones, herencias, derechos o tasas por los servicios que presten, así como todo otro recurso que pudiera corresponderles por cualquier título o actividad. 'Los recursos adicionales que provinieren de contribuciones o tasas por los estudios de grado, deberán destinarse prioritariamente a becas, préstamos, subsidios o créditos u otro tipo de ayuda estudiantil y apoyo didáctico; estos recursos adicionales no podrán utilizarse para financiar gastos corrientes. Los sistemas de becas, préstamos u otro tipo de ayuda estarán fundamentalmente destinados a aquellos estudiantes que demuestren aptitud suficiente y respondan adecuadamente a las exigencias académicas de la institución y que por razones económicas no pudieran acceder o continuar los estudios universitarios, de forma tal que nadie se vea imposibilitado por ese motivo de cursar tales estudios;
d) Garantizar el normal desenvolvimiento de sus unidades asistenciales, asegurándoles el manejo descentralizado de los fondos que ellas generen, con acuerdo a las normas que dicten sus Consejos Superiores y a la legislación vigente;
e) Constituir personas jurídicas de derecho público o privado, o participar en ellas, no requiriéndose adoptar una forma jurídica diferente para acceder a los beneficios de la ley 23.877; generación de recursos adicionales a los aportes del Tesoro nacional, mediante la venta de bienes, productos, derechos o servicios, subsidios, contribuciones, herencias, derechos o tasas por los servicios que presten, así como todo otro recurso que pudiera corresponderles por cualquier título o actividad (…);
d) Garantizar el normal desenvolvimiento de sus unidades asistenciales, asegurándoles el manejo descentralizado de los fondos que ellas generen, con acuerdo a las normas que dicten sus Consejos Superiores y a la legislación vigente; e) Constituir personas jurídicas de derecho público o privado, o participar en ellas, no requiriéndose adoptar una forma jurídica diferente para acceder a los beneficios de la ley [correspondiente]; f) Aplicar el régimen general de contrataciones, de responsabilidad patrimonial y de gestión de bienes reales, con las excepciones que establezca la reglamentación (…)” (Ley 24.521).
f) Aplicar el régimen general de contrataciones, de responsabilidad patrimonial y de gestión de bienes reales, con las excepciones que establezca la reglamentación.
El rector y los miembros del Consejo Superior de las instituciones universitarias nacionales serán responsables de su administración según su participación, debiendo responder en los términos y con los alcances previstos en los artículos 130 y 131 de la ley 24.156. En ningún caso el Estado nacional responderá por las obligaciones asumidas por las instituciones universitarias que importen un perjuicio para el Tesoro nacional.
Por consiguiente el Artículo 60 contempla “Las instituciones universitarias nacionales podrán promover la constitución de fundaciones, sociedades u otras formas de asociación civil, destinadas a apoyar su labor, a facilitar las relaciones con el medio, a darrespuesta a sus necesidades y a promover las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus fines y objetivos.

Asimismo el Artículo 61 señala “El Congreso Nacional debe disponer de la partida presupuestaria anual correspondiente al nivel de educación superior, de un porcentaje que será destinado a becas y subsidios en ese nivel, otorgabas por el
Congreso de la Nación y ejecutables en base a lo dispuesto por el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, por parte del Tesoro de la Nación.

Ecuador
Términos de financiamiento.

Ley de Educación Superior de la República de Ecuador, en uno de sus considerando señala “Que, la Constitución de la República en su Art. 357 establece que el Estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior, y que la distribución de estos recursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos en la ley”.

En el capítulo 2 patrimonio y financiamiento de las instituciones de educación superior, de la referida ley, en su artículo 24 establece los términos o criterios de financiamiento, al respecto señala, la “Distribución de los recursos.- Los recursos destinados anualmente por parte del Estado a favor de las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores públicos y particulares que reciban rentas y asignaciones del Estado, se distribuirán con base a criterios de calidad, eficiencia, equidad, justicia y excelencia académica, que entre otros parámetros prevalecerán los siguientes:

a) Número de estudiantes y costo por carrera y nivel:
b) Número, dedicación, título y experiencia docente en función de las evaluaciones pertinentes:
c) Clasificación académica y tipología de instituciones. carreras y programas:
d) Eficiencia en docencia e investigación y relación con el
desarrollo nacional y regional;
e) Eficiencia terminal: y,
0 Eficiencia administrativa.
Los porcentajes correspondientes a cada parámetro de distribución se establecerán en el respectivo reglamento, y tendrán en cuenta: los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, un sistema de incentivos orientados a la excelencia académica, el mejoramiento de la formación de las plantas de profesores e investigadores, el tipo de carrera. el fomento a la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico.
Se considerará como parámetro adicional, la vinculación de su oferta al desarrollo nacional o regional, a la creación de sinergias, asociaciones y/o fusiones con otras instituciones de educación superior de su región, y a la promoción de potencialidades territoriales.

Para la distribución de los recursos, la Secretaría Nacional de Educación Superior. Ciencia. Tecnología e Innovación. elaborará el informe respectivo que establezca la fórmula de distribución de los recursos, para aprobación del Consejo de Educación Superior. Una vez aprobada dicha fórmula, la Secretaría Nacional de Educación Superior. Ciencia. Tecnología e Innovación, distribuirá dichos recursos.
Las instituciones de educación superior que se crearen o que fueran incorporadas a la distribución de fondos por mandato de la Ley. recibirán la parte proporcional de los incrementos de las respectivas rentas, desde el año siguiente a su creación o incorporación”.

Venezuela
Término de financiamiento.

En la ley de universidades en su Artículo 13 establece “En la Ley de Presupuesto se incluirá anualmente con destino a Las Universidades Nacionales una partida cuyo monto global no será menor del 1 1/2 por ciento del total de rentas que se presupongan en dicha Ley.

Asimismo, en la constitución de la nación en su Artículo 103 señala “Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. La ley garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados o privadas de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo”.

De acuerdo al recorrido realizado por las leyes de educación superior de los países seleccionados, logramos determinar que los objetivos de desarrollo y desarrollo sostenible propuesto por la ONU, están ausente en cada ley, en tal sentido, a manera de referencia utilizamos los artículos antes expuesto. En cada ley es evidente la utilización de criterios o términos propios para la asignación de recursos económicos-financiero, sin embargo, presentan algunos comunes, entre estos: 1) calidad, 2) eficiencia, 3) equidad, y 4) justicia social, por supuesto, la aplicación de estos fundamentado en la conceptualización propias e intereses de cada país.

En síntesis, podemos decir, que en correspondencia a las leyes de educación superior como instrumento legal rector de la asignación de recursos económicos-financiero a las instituciones universitarias en ALC, en su contexto general no se toman en cuentan los objetivos de desarrollo y desarrollo sostenible, como términos o criterios de calidad para la asignación del presupuesto universitario, sin embargo, es evidente en las referidas leyes que cada país establece sus propios objetivos para lograr su desarrollo.

Ahora bien, como vivimos en un mundo compartido, es decir, nos pertenece a todos, partiendo de este principio, debemos unificar criterios y términos de desarrollo sostenible con el propósito de garantizar el bienestar de la humanidad y en especial la perteneciente a la región de ALC, para ello, es ineludible que todos los países de la región hagamos nuestro los objetivos de desarrollo sostenible propuesto por la ONU, y cualquier otro objetivo que contribuya a tal fin, por lo tanto, debe ser política de estado de los países de la región el establecimiento de articulados en la ley de educación superior, en el que se consideren los objetivos de desarrollo sostenible como criterios o términos de calidad para la formulación y asignación de presupuesto universitario.

Saludos.
Continuamos en el debate.
Abel Rodríguez
UNESUR
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Andrés Aguiar
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Re: Pregunta Generadora #2 (24 de julio - 11 de agosto, 2017)

Mensaje por Andrés Aguiar » 08 Ago 2017 20:19

Buenas noches estimados colegas participante de este excelente foro, muy buena el aporte que hace el colega sistematizador sobre la necesidad de ir hacia una universidad adaptada a las exigencias del entorno. Esto implica avanzar hacia la transformación de los IES, fundamentado en un nuevo paradigma que propicie la formación de profesionales para tomar decisiones dirigidas a promover acciones y prácticas pedagógicas, que incluya en los programas de docencia, investigación y Extensión Universitaria, el tema de desarrollo sostenible, ademas de la gestión responsable en los IES, como aspectos esenciales para impulsar el desarrollo sostenible en la región, a través de la formación del talento humano, ya es hora de retomar todos los postulados, teorías y acuerdos que han estado por muchos tiempo ahí, pero la verdad es que no habido voluntad por parte de los responsables de llevar a cabo y promover una cultura de sutentabilidad en los institutos de educación superior . Debemos seguir trabajando para lograr este prometido en la región.

YelitzaBafer
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Re: Pregunta Generadora #2 (24 de julio - 11 de agosto, 2017)

Mensaje por YelitzaBafer » 08 Ago 2017 22:51

Realidad de los Profesores Universitarios en Venezuela:
Un bocado de la política de pobreza dirigida al sector universitario.

1.jpg
1.jpg (80.71 KiB) Visto 102 veces
ACTUALIZACIÓN
#UniVE #CrisisUniVE
#Venezuela
Gráfico del colega #UDO @cmarzullos

Ahora en base al sueldo mínimo MÁS el bono de alimentación

Ir a: https://twitter.com/gonzalezestevez/sta ... 6797348865

http://elestimulo.com/elinteres/steve-h ... venezuela/


Sin condiciones de trabajo no existen condiciones de estudio. Esta es la manera de no cumplir con los Objetivos del III Milenio (ONU): Trabajo Decente & Educación de Calidad.
Saludos.-

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