Pregunta Generadora #2 (24 de julio - 11 de agosto, 2017)

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ltorres
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Pregunta Generadora #2 (24 de julio - 11 de agosto, 2017)

Mensaje por ltorres » 24 Jul 2017 15:46

A su juicio ¿cuál es el rol del Estado frente a la educación superior como sistema de desarrollo social?
Luis E. Torres-Núñez.
Profesor de la UNESUR
UPEL: DLAE-VENEZUELA

SistematizadorCRES
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Re: Pregunta Generadora #2 (24-11 de Agosto, 2017)

Mensaje por SistematizadorCRES » 25 Jul 2017 14:23

Un cordial saludo a todas y todos los participantes de este foro.

Para iniciar este nuevo ciclo de debate, aportes y reflexiones sobre la Educación Superior anexaré a continuación el escrito de Aladino Araneda Valdés, Académico de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile.
Dicho escrito se titula: Gratuidad de la educación, ¿cuál es el rol del Estado?
La gratuidad de la educación es una decisión política, no sólo económica. Tiene que ver con los fines que el Estado se da para su desarrollo, que a su vez dicen relación con los principios y valores que el “soberano” (quien tiene el poder) reconoce como aquéllos propios a todos sus ciudadanos.

En Chile, el principio que mueve la realización de esos fines, como la educación, está en manos de personas naturales o jurídicas (privados) que pueden abrir, mantener y cerrar establecimientos educacionales y, subsidiariamente, el Estado dispone de un sistema gratuito para quienes no opten por el privado. La elección es de los padres, pero está condicionada por el factor económico, pues el pago o copago de una matrícula y colegiatura depende del ingreso económico.

Delegar en el privado la responsabilidad de educar y obtener ganancias económicas por ello, relegando al Estado a un rol subsidiario, es lo que no sólo parece discutible sino incoherente con la finalidad de progreso nacional, pues no es posible el desarrollo humano integral sin crecimiento económico y éste sin condiciones reales para la educación y capacitación de calidad.

Que al Estado le restaran la obligación de dar educación gratuita a toda la población ha implicado que con el tiempo se haya segmentado grotescamente el sistema escolar, al extremo que la calidad de educación que reciben las personas depende del ingreso familiar, lo que nos ha llevado a la mayor inequidad entre los países de la OCDE.

Chile es un caso único del mundo en que el Estado hace poco o casi nada para educar y capacitar a sus ciudadanos, tal vez por eso es que, en calidad de vida, tiene índices muy bajos.

La gratuidad de la educación significa que el Estado se hace cargo de todo el financiamiento educacional, permitiendo a las familias reorientar sus inversiones en otros bienes, y que los establecimientos educacionales no puedan seleccionar a sus estudiantes ni cobrar por un bien que es moral, público y social. El lucro entonces es una inmoralidad.
Fuente: http://www.ucsc.cl/blogs-academicos/gra ... el-estado/

Espero que éste texto incentive la discusión y contribuya a profundizar el análisis sobre el rol del Estado frente a la Educación Superior.

ltorres
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Re: Pregunta Generadora #2 (24 de julio - 11 de agosto, 2017)

Mensaje por ltorres » 27 Jul 2017 18:18

Buenas tardes estimados participantes, ya ha iniciado este nuevo ciclo del debate, les invitamos a dejar sus comentarios con respecto a la pregunta central. Agradecemos la participación del profesor Luis Bonilla.

En el lustro anterior, trabajamos con respecto a las consideraciones de la Calidad para promover el Derecho Social de la Educación Superior; en este fase de la discusión, requerimos de ustedes ir señalando cuales son los elementos sustantivos que hoy están presente entre la compleja relación: Estado - Universidades; toda vez, que ambas instituciones procuran articular esfuerzos y recursos para promover el desarrollo social de las naciones latinoamericanas.

Finalmente, espero por vuestros comentarios

Reciban mi fraterno abrazo
Luis E. Torres-Núñez.
Profesor de la UNESUR
UPEL: DLAE-VENEZUELA

glugo
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Re: Pregunta Generadora #2 (24 de julio - 11 de agosto, 2017)

Mensaje por glugo » 30 Jul 2017 11:01

La Educación es un bien público, consagrado además como derecho humano por el conjunto de naciones. Cada país debe asegurar y garantizar que dicho bien sea accesible a todos y dicho derecho sea disfrutados por todos. Más que entrar en una discusión sobre el tema del financiamiento de la Educación en América Latina, no porque sea poco importante. Me parece relevante el tema de cómo el Estado debe ser garante de los fines que se han propuesto para la Educación Superior en su país. En tanto que es la Educación Superior la que permite asegurar, de manera privilegiada, más no exclusiva, el desarrollo y construcción del conocimiento, el impulso de la productividad, el progreso y el bienestar social. En tanto y en cuanto dota a la sociedad del talento humano capacitado y con las competencias para el logro de esos elementos fundamentales, sin los cuales el mismo Estado perdería legitimidad y vigencia.
El Estado debe ser garante de que la Educación Superior tenga la libertad necesaria para que se cumplan sus fines, objetivos y metas; que logre impulsar la investigación en los ámbitos de interés de la nación, que asegure la actividad docente-académica para la formación de las nuevas generaciones y que permita la expresión cultural en todos sus ámbitos. Siendo un ente que interactúa con las comunidades dando respuesta a sus requerimientos y necesidades y enriqueciéndose de sus aportes.
El Estado debe asegurar el equilibrio entre control, regulación, financiamiento, dotación, impulso e intercambio con las instituciones de Educación Superior para que estas puedan desempeñar su rol social y dar el aporte adecuado. Evitando intervenir en su desarrollo, en su búsqueda, indagación y construcción de nuevas experiencias en el campo humanístico, científico, tecnológico, administrativo; con el fin de obtener de ellas lo necesario para que el mismo Estado pueda robustecerse en sus funciones y en sus fines sociales.
Un Estado que interviene, se apropia o que busca controlar las Universidades en sus propósitos más genuinos condena a estas a limitarse y retroceder en sus objetivos educativos y se condena a sí mismo por su imposibilidad de revitalizarse con los aportes de nuevos conocimientos. Las leyes, las instituciones, las normas y las políticas del Estado deben estar dirigidas a que la Educación Superior, oficial o privada, goce de autonomía y tengan capacidad para sostenerse en el logro de sus fines como comunidad de saberes y de personas orientadas al desarrollo del conocimiento y al impulso social.
Gerardo Luis Lugo Rengifo
Docente-Investigador UCV
Participante DLAE (UPEL)

SistematizadorCRES
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Re: Pregunta Generadora #2 (24 de julio - 11 de agosto, 2017)

Mensaje por SistematizadorCRES » 02 Ago 2017 16:42

Buenas tardes,
Para continuar la discusión los invito a leer el texto: Universidad pública ¿Universidad del Estado? de la filósofa y politóloga Lilia Solano quien señala que: "La siguiente reflexión busca hacer un aporte al papel de la Universidad pública vulnerable a ser utilizada por el Estado como su instrumento. El propósito final es reforzar el carácter de la Universidad como un bien público, no obstante la inescapable instrumentalización estatal que le permite operacionalizar su misión. La hipótesis central de este artículo sostiene que en tanto la Universidad mantiene su carácter de bien público, revigoriza el talante social del derecho que define al Estado, el cual está hoy en entredicho dados los cuestionamientos actuales a los clásicos abordajes al concepto y práctica de soberanía."

Pueden encontrar el texto en el siguiente enlace: http://www.cronicon.net/paginas/doc/doc03.htm

ltorres
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Re: Pregunta Generadora #2 (24 de julio - 11 de agosto, 2017)

Mensaje por ltorres » 04 Ago 2017 02:25

Gracias profesor Gerardo por tan importante participación; es propicia la ocasión para invitar nuevamente a quienes aun no han participado en hacerlo en el lapso respectivo para este tema. Se recomienda las lecturas señaladas por el Dr. Luis Bonilla, toda vez que requerimos de ustedes ir señalando cuales son los elementos sustantivos que hoy están presente entre la compleja relación: Estado - Universidades. Con entusiasmo esperamos de vuestra participación en este tema.

Reciban mi fraterno abrazo,
Luis E. Torres-Núñez.
Profesor de la UNESUR
UPEL: DLAE-VENEZUELA

glugo
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Re: Pregunta Generadora #2 (24 de julio - 11 de agosto, 2017)

Mensaje por glugo » 08 Ago 2017 16:08

Siendo la Universidad un bien público y el Estado el garante que ese bien público funcione y ofrezca su servicio social, debe asegurarse que ambos componentes estén en sincronía de intereses y en armonía de acciones.
El Estado, con sus fines educativos debe respetar los principios básicos de funcionamiento y gestión universitaria para la formación de los profesionales, la generación de nuevos conocimientos y el desarrollo cultural; el Estado, por su parte, debe evitar en todos los sentidos utilizar su poder para poner a la Universidad a su servicio exclusivo como hegemonía política, regentada por un gobierno de turno, tras el cual están los intereses de un partido, élite o grupo. La Universidad no está para legitimar al Estado sino para proveerlo de su principal aporte: profesionales, conocimientos y orientación en la gestión de las políticas públicas. Válida acá la afirmación de Solano: “…una instrumentalización universitaria por parte del Estado (…) presupone un ordenamiento jerárquico y autoritario. Es decir, la función pública de la Universidad como legitimadora científica de un status quo vertical le resta al Estado su carácter social de derecho”.
Por su parte, la Universidad no puede colocarse en una actitud política permanente como ente opositor al Estado, toda vez que es parte esencial del mismo. No le corresponde a la Universidad cumplir el papel de los partidos políticos opositores, pero tampoco oficialistas, ni asumir la lucha reivindicativa-social, debe iluminarla, orientarla, promoverla, pero no liderarla, desplazando otros entes sociales que les corresponde esa lucha, protesta o reclamo; con ello puede desvirtuar su foco educativo. La misma Solano advierte que “La proyección de la Universidad hacia lo público no se limita a las exigencias que los diversos sectores sociales le puedan plantear, sino que se refiere igualmente a la función que puede jugar en los contextos particulares de las diversas administraciones del Estado”. Su rol apunta a orientar, a perfilar lo que más conviene a toda la sociedad y a dar al aporte para que el Estado responda a esas demandas.
En este sentido, en nuestra región ya existen muchas experiencias de politización partidista y militante de la vida universitaria, lo que de alguna manera atenta contra la propia autonomía en términos que reta al Estado a intervenir en la misma, por sentirse el benefactor o financista de la Universidad. Asunto que es su obligación, como respuesta a los mismos fines que éste tiene ante el servicio educativo de una nación en todos sus niveles. El riesgo y tentación de que el Estado quiera controlar la actividad universitaria están allí, especialmente el América Latina, con el crecimiento de gobiernos hegemónicos y totalitarios, de diversidad de intereses ideológicos. Ciertamente no se niega la acción política y el interés por lo político de parte de las universidades oficiales e incluso las de gestión privada, pero en términos de aportes, crítica y orientación a lo que el Estado y todos sus entes deben cumplir, evitando antagonismos en su rol social y político, dada, según indica Solano “…la contradicción que entraña una Universidad pública que ejerce su vocación política como instrumento del Estado”.
El intercambio, equilibrio y sinergia entre Estado y Universidad debe darse en las sociedades maduras políticamente y para ello se requiere de ambos aportar lo que su naturaleza y fines exigen. Por un lado, el Estado, y todas sus instituciones, deben favorecer el intercambio requerido garantizando como pivote el respeto a la autonomía y el compromiso de la Universidad en que esta sea en virtud de los fines e intereses de la nación. Por otra parte, los miembros de las comunidades universitarias y la Universidad como institución y bien público deben asumir la permanente revisión para dar los cambios en su gestión, estructura y funciones, de acuerdo a las necesidades del país y la misma región y para dar respuestas a las tendencias y exigencias globales, favoreciendo sus relaciones y respuestas con los organismos del Estado y la misma sociedad. Afirma Solano y lo suscribo: “En la medida en que la Universidad pública continúe acentuando su talante para lo público, el Estado rejuvenecerá su misión social de derecho”.
De esta manera no se puede hablar de una confrontación Universidad-Estado, sino de su permanente sinergia en favor de la sociedad a la que deben servir.
Gerardo Luis Lugo Rengifo
Docente-Investigador UCV
Participante DLAE (UPEL)

glugo
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Re: Pregunta Generadora #2 (24 de julio - 11 de agosto, 2017)

Mensaje por glugo » 08 Ago 2017 16:12

Comparto material de interés, que ofrece una perspectiva sobre este tema que hemos venido desarrollando:
http://150.185.9.18/fondo_editorial/ima ... d%20VD.pdf
Gerardo Luis Lugo Rengifo
Docente-Investigador UCV
Participante DLAE (UPEL)

ltorres
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Re: Pregunta Generadora #2 (24 de julio - 11 de agosto, 2017)

Mensaje por ltorres » 09 Ago 2017 13:58

Agradecidos por los valiosos aportes estimado Gerardo,

Estimados usuarios nos acercamos a la fecha limite para cerrar la actual pregunta, aún nos falta puntualizar sobre la realidad presente en está compleja relación "Estado - Universidad". El profesor Luis y Gerardo han señalado aportes teóricos del deber ser de esta relación y otras consideraciones; pero, en este punto requerimos ir a los hechos concretos de las diferentes actuaciones del Estado y las Instituciones Universitarias (públicas o privadas), para conocer y reflexionar sobre "cuál es" la posible realidad que está presente hoy en los diferentes países de la región latinoamericana, nos interesa sobre todo las referencias bibliográficas, por ello agradecemos a quiénes se han dispuesto en señalarlas.

Finalmente esperamos de vuestros valiosos aportes,

Reciban mi fraterno abrazo.
Luis E. Torres-Núñez.
Profesor de la UNESUR
UPEL: DLAE-VENEZUELA

José Peña
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Re: Pregunta Generadora #2 (24 de julio - 11 de agosto, 2017)

Mensaje por José Peña » 11 Ago 2017 09:49

Esta pregunta generadora, al igual que la del ciclo anterior, invita a mirar a la educación superior como un sistema complejo, y como tal no tiene una respuesta muy simple, ni esta puede quedar reducida a cuánto se paga o deja de pagar un ciudadano por recibir educación, o cómo opera la educación respecto al Estado, por lo que considero que el alcance de la pregunta es mayor.
Si reconocemos que la Educación es un derecho humano que el Estado está obligado a garantizar -a través de acción propia por intermedio de las universidades públicas, o por la acción empresarial mediante las universidades privadas-, y vemos esta obligación reducida a un criterio economicista, no solo será difícil comprender el papel del Estado sino realizar un análisis comparado entre la calidad del servicio que ofrece la educación pública respecto a la privada, por que ambas son financiadas pero lo que cambia es el pagador. En este mismo orden de ideas, si miramos a la educación como un derecho -bien sea éste privado cuando es el estudiante quien decide lo que desea estudiar, o público cuando es el Estado quien decide lo que al estudiante debe estudiar- nos preguntamos si en ambos casos “el pagador” del servicio debe ser el mismo.
Lo anterior nos lleva a tener en cuenta otra arista de esta pregunta generadora, y es cómo ven los estudiantes a la Educación superior y al Estado, respecto al para qué o al propósito por el cual se forman, posiblemente las respuestas girarán en torno a su desarrollo personal y profesional y pocos dirán que es para el desarrollo del país -lo cual quedó demostrado en Venezuela con la encuesta por la calidad educativa-, este sin duda es un punto de interés que debe ser ampliado y debatido.
Por otra parte, considerar al desarrollo social como elemento de progreso de la nación conlleva a que el Estado debe contar con un proyecto de país soportado por políticas públicas educativas engranadas con los elementos susceptible de impulsar el desarrollo sostenido del país, lo cual implica la conformación de un curriculum diferenciado; por ejemplo, si uno de los polos de desarrollo del país es la minería lo adecuado sería que en énfasis de las carreras universitarias de esa región minera se configurarán entorno al área metalúrgica, con la mayor cantidad de cupos, y con perspectivas de empleo para los egresados, pero ¿ocurre así en Latinoamérica?
a partir de los escritos recomendados, colocaría como colofón para la pregunta generadora, ¿qué universidad queremos y cuál universidad tenemos?; sabemos que la educación en Chile esta privatizada, mientras en Brasil es gratuita en todos los niveles (incluyendo el postgrado), mientras en Venezuela es gratuita hasta el pregrado, en este contexto si consideramos la calidad educativa (pregunta generadora 1) será cierta la reflexión del Profesor Aladino Araneda Valdés, cuando entre otros aspectos señala que “…Chile es un caso único del mundo en que el Estado hace poco o casi nada para educar y capacitar a sus ciudadanos, tal vez por eso es que, en calidad de vida, tiene índices muy bajos…”, o es que esta situación es completamente diferente en Brasil o en Venezuela.
En otro orden de ideas, desde hace muchos años la educación ha estado en el debate político, no como un tema de interés para el desarrollo de la nación, sino como una mampara propagandística que produce beneficios electorales. Así mismo, los países de la región parece que compiten por las cifras educativas, número de universidades creadas aún cuando estas no tengan un propósito para el desarrollo de la nación bien definido ni carreras con adecuada pertinencia social, cantidad de estudiantes atendidos sin importar la preparación de quienes los atienden, número de egresados sin importar la calidad de la formación ni la factibilidad de empleo en empresas privadas.
Para finalizar, tratar de analizar el “rol del Estado frente a la educación superior” conlleva a colocar al Estado como parte del sistema, no como un benefactor sino como responsable de la calidad, la eficacia y la eficiencia asociada a este derecho, así como planificador de un contexto que genere las mejores condiciones para el desarrollo social, lo cual implica una inversión para la formación continua, la investigación, la dotación y el mejoramiento de la infraestructura, planes de intercambio y movilidad académica, determinación de necesidades de formación, y planes de empleo, entre otros.

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